24 de marzo de 1976 - 10 de diciembre de 1983
El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.
Algunas acciones del nuevo gobierno:
Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.
La censura
Comunicado N° 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976).
El saldo de la misma fue el de 30.000 detenidos-desaparecidos, 10.000 presos políticos, un número indeterminado de exiliados y de insiliados. Se sextuplicó la deuda externa y se operaron profundas modificaciones económicas, políticas, sociales y culturales, que sin duda afectaron y afectan aún hoy a nuestra sociedad. La subjetividad, los vínculos, las conductas, los proyectos y los valores tienen un antes y un después de la dictadura militar.
Los "subversivos"
El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar)
La guerra sucia
La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.
La represión ilegal
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación
Obreros......................................................................................... 30,0%
Estudiantes................................................................................... 21,0%
Empleados.................................................................................... 17,8%
Profesionales................................................................................. 10,7%
Docentes....................................................................................... 5,7%
Conscriptos y personal subalterno
de las Fuerzas de Seguridad........................................................... 2,5%
Amas de casa............................................................................... 3,8%
Autónomos y varios........................................................................ 5,0%
Periodistas.................................................................................... 1,6%
Actores y artistas........................................................................... 1,3%
Religiosos..................................................................................... 0,3%
(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)
La tortura
Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.
Tipos de tortura
Atándoles por el cuello como si fueran perros, haciéndoles comer en el suelo u obligándoles a hacer sus necesidades en el suelo delante de otros prisioneros".
Obligar a los prisioneros a ver cómo se denigraba a sus seres queridos.
Sufriendo tremendas vejaciones, como permanecer inmovilizado durante casi veinte horas sufrir descargas eléctricas.
Poner cargas eléctricas sobre el cuerpo de los prisioneros
Otra forma de tortura, explicó, era el conocido como "submarino", que consistía en introducir la cabeza del preso en un cubo de orines.
Los campos de detención
Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero.
Campo de mayo fue uno de los centros clandestinos por el cual pasaron mas de 5000 torturados
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, uno de los principales centros de detención clandestinos durante la dictadura argentina.
Los desaparecidos
Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.
11/05/2006 - Santiago de Compostela (España)
Calveiro, politóloga de profesión, afirmó que durante la dictadura de Jorge Videla, en los centros de represión los presos eran humillados "atándoles por el cuello como si fueran perros, haciéndoles comer en el suelo u obligándoles a hacer sus necesidades en el suelo delante de otros prisioneros".
Antiguo miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Calveiro participó hoy en el simposio "Itinerarios políticos de la izquierda revolucionaria en Argentina y Uruguay. Golpes, dictaduras y exilios", que se celebra en la Universidad de Santiago.
Explicó tambien que otra de las formas habituales de tortura que utilizaban los oficiales argentinos era obligar a los prisioneros a ver cómo se denigraba a sus seres queridos.
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente profesora investigadora en la Benemérita Universidad de Puebla, Calveiro narró hoy su experiencia como prisionera en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, uno de los principales centros de detención clandestinos durante la dictadura argentina.
En el simposio que se celebra en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago, la concejala de Emigración e Inmigración, Teresa Regúlez, leyó el testimonio de Julio Gavilán, ex preso político, quien, impedido físicamente y con graves lesiones medulares a consecuencia de la torturas, presenció emocionado la intervención de la edil desde su silla de ruedas.
En su escrito, Gavilán narra desde el momento de su detención, en 1974, hasta su amnistía once años después, sufriendo tremendas vejaciones, como permanecer inmovilizado durante casi veinte horas o sufrir descargas eléctricas.
Otra forma de tortura, explicó, era el conocido como "submarino", que consistía en introducir la cabeza del preso en un cubo de orines.
Por su parte, la uruguaya Sara Méndez, activista de derechos humanos, contó la experiencia vivida con el secuestro de su hijo a los veinte meses de nacido y que logró recuperar tras una larga lucha de 26 años.
Méndez, nacida en Montevideo en 1944, se exilió en Argentina, donde fue secuestrada en julio de 1976 en un operativo conjunto de fuerzas represivas uruguayas y argentinas, y trasladada de nuevo a Uruguay donde estuvo presa cinco años.
Sara Méndez explicó que en la dictadura uruguaya no se utilizó la desaparición como arma represiva, sino que se centraba fundamentalmente en la prisión y el interrogatorio a las personas.
Además, indicó que en Uruguay los lugares de represión eran muy diferentes a Argentina y que ella llegó a vivir "en una hermosa casa" de Punta Gorda, en el departamento uruguayo de Colonia.
En los centros de reclutamiento uruguayos, dijo, había personal sanitario e incluso médicos "que controlaban las torturas". EFE
Fin y consecuencias del Proceso de dictadura a democracia en argentina
Informe Final de la Dictadura Militar, emitido por Cadena Nacional en 1983, antes de entregar el poder al gobierno democrático. Fuente: Canal 7. Televisión Pública de Argentina. Transmisión de Cadena nacional (1983).
Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el Proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. Bignone, el último líder de la Junta Militar, se vio obligado a llamar a elecciones.
La campaña presidencial de 1983 opuso al candidato peronista Ítalo Luder, quien rechazaba una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 30 de octubre Alfonsín venció con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.
El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuiciaba a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.
Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada «guerra sucia».
En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.
El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (N.º 23.492) y Obediencia Debida (N.º 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.
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